¿Se resolvió en debida forma el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión N° 013 del 19 de enero de 2011 y, de no ser así, se configuró el silencio administrativo positivo?

De acuerdo con el artículo 734 del E.T., el silencio administrativo positivo se configura cuando la Administración, luego de transcurrido el término señalado en el artículo 732 ibídem, no ha resuelto el recurso de reconsideración y, en el caso, la decisión de la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena de «inhibirse» para resolver de fondo el recurso, se traduce en la ausencia de resolver en tiempo la reconsideración, lo cual trae como consecuencia que desde la fecha de interposición en debida forma, transcurrió más de un (1) año (Art. 732 E.T.), sin que el ente demandado resolviera y notificara el recurso interpuesto por la parte demandante.

la palabra "interposición" tiene como significado la formalización, presentación o radicación de la demanda; de allí que no es procedente considerar que la excepción de interposición de demandas solo se configura con la admisión de la misma.

Problema jurídico:

¿Procede la suspensión provisional de los actos demandados por la supuesta vulneración del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, dado que en ellos la Administración Tributaria estableció que la excepción de "interposición de demandas", frente al mandamiento de pago, solo ha de prosperar cuando la demanda ha sido "admitida" por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?

Tesis:

"[S]e observa que tanto los oficios como el concepto objeto de la solicitud de la medida cautelar difieren de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 831 del E.T., dado que, como se señaló, la palabra "interposición" tiene como significado la formalización, presentación o radicación de la demanda; de allí que no es procedente considerar que la excepción de interposición de demandas solo se configura con la admisión de la misma.

¿Los apartes demandados del numeral 3° del artículo 2° del Decreto 3032 de 2013 desconocen normas superiores, al incluir dentro de la noción de empleado a personas naturales que ejercen actividades por su cuenta y riesgo?

De lo dispuesto en el artículo 329 [E.T.] se puede establecer que el legislador, para efectos de la determinación del régimen del impuesto de renta de las personas naturales, distinguió tres categorías de personas (…) Es claro que el legislador sí incluyó en la categoría de empleados a algunas personas naturales que perciben sus ingresos del desarrollo de actividades por cuenta y riesgo propio, pues incluyó expresamente en dicha categoría a quienes ejercen profesiones liberales o que presten servicios técnicos.

Por ende, las categorías legales señaladas no corresponde en todo a una división estricta entre quienes obtienen ingresos derivados de una actividad personal por cuenta y riesgo propio, o por cuenta y riesgo ajena, ya que la propia ley incluyó dentro de la categoría de empleados a quienes desarrollan profesiones liberales, por cuenta propia.

No le asiste razón entonces al actor al considerar dicha división como el criterio para diferenciar las categorías, ya que el propio legislador, según el texto de la ley finalmente aprobado, no acogió enteramente dicho criterio.

Una vez concedido el plazo legal para que el contribuyente comparezca a notificarse personalmente del acto que resuelve el recurso de reconsideración, el término no puede ser limitado o suspendido por la Administración con el fin de anticipar la notificación o efectuarla por otro medio, so pena de que esta se torne irregular, y el acto liquidatorio devenga nulo por expedición extemporánea.

Síntesis del caso:

Se anularon los actos administrativos mediante los cuales el municipio de Santiago de Cali modificó la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2007 de un contribuyente, porque se configuró el silencio administrativo positivo con ocasión de la notificación extemporánea del acto que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto liquidatorio.

Esto es la administración interrumpió el plazo legal para que, una vez citado, el contribuyente compareciera a notificarse personalmente, so pretexto de intentar, sin éxito, la notificación personal del acto en la sede de la empresa demandante y luego, fijar el edicto para el efecto antes de que culminara dicho término.

Las indemnizaciones tienen como finalidad reparar el deterioro o perjuicio causado a una persona en sus bienes o derechos y tienen una equivalencia pecuniaria determinada o determinable.

Los daños patrimoniales causados se clasifican como, “lucro cesante”, beneficio que se deja de percibir o no se podrá percibir por razón de una acción u omisión; y daño emergente, como la pérdida de un bien económico que se encuentra dentro del patrimonio de la persona afectada por dicho acto u omisión.

1) Tratamiento tributario de las indemnizaciones en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Lo enunciado son bienes y no servicios. Por tanto, no puede aplicarse por extensión a servicios o a servicios que se relacionen con estos bienes.

Consulta:

¿Se puede entender que la exención establecida en el literal a) del mencionado artículo aplica para el servicio de mantenimiento de aeronaves utilizadas por la Fuerza Aérea Colombiana. – FAC?

Atendiendo la definición prevista en el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 695 de 1983 que establece que se consideran armas, municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo: “Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves destinadas al servicio del ramo de defensa nacional, con sus accesorios, repuestos y demás elementos necesarios para su operabilidad y funcionamiento”.

De ser negativa la respuesta,

¿debe entenderse que este literal hace referencia exclusivamente a bienes exentos taxativamente y no hace referencia a servicios relacionados con estos bienes?

Para el tema de las Cámaras de Comercio deben evaluar su condición de no contribuyente o contribuyente del impuesto de renta, para determinar si deben cumplir con la obligación de la conciliación fiscal.

Consulta:

Las entidades sin ánimo de lucro que se encuentren obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio deben declarar los valores fiscales o los valores contables? y si la información exógena la debe realizar sobre valores contables o valores fiscales?

Todas aquellas entidades que no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y que no se encuentre gravada ninguna de sus actividades con este impuesto, no se encuentran obligadas a diligenciar ni presentar el reporte de conciliación fiscal – formato 2516 reglamentado mediante la Resolución DIAN 073 del 29 de diciembre de 2017.

Debido al error en la tasa de cambio, hubo un menor valor en la liquidación de los tributos aduaneros en la cuota correspondiente.

Consulta:

Plantea la siguiente situación: Se está finalizando una importación a largo plazo pagando dentro de las declaraciones de modificación lo correspondiente a la sanción por la extemporaneidad (art 482-1 num. 1.3 Decreto 2685 de 1999); en la verificación del pago de las cuotas por parte del GIT Garantías evidencia un incumplimiento; pese a haberse realizado el pago en oportunidad conforme lo exige el artículo 146 del mismo Decreto (semestre por semestre) en el pago de una cuota existió un error en la tasa de cambio generando una diferencia en el pago de los tributos aduaneros, que ya fue cubierta por el importador.

Se requiere que los contadores se encuentren inscritos y tramiten la tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores, cuando deban dar fe pública, cuando deban emitir certificaciones sobre estados financieros y cuando ejerzan actividades relacionadas con la ciencia contable en general.

Consulta:

Buenos días, en la institución tenemos varios contadores y dentro de nuestros requerimientos de ingreso se solicita tarjeta profesional. En este caso los trabajadores manifiestan que no es necesario, debido a que ellos no van a firmar documentos legales, pero dentro de nuestros requisitos lo solicitamos.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, exige que ellos después de graduados saquen su tarjeta profesional o pueden requerir a las instituciones para que ellos tramiten su tarjeta profesional?

Para desarrollar Otras Funciones como auxiliar contable, auxiliar administrativo, asistente de nómina (entre otras), no es necesario acreditar la inscripción como contador público, y será potestativo de la entidad que hace la consulta, exigirles la tarjeta profesional.

Aunque las organizaciones sindicales son autónomas en el manejo de su patrimonio, sus afiliados podrán solicitar a sus directivos información financiera y contable, amparados en el derecho de petición e información que les asiste, en los términos de la Ley 1755 del 2015, indicó el Ministerio del Trabajo.

Lo anterior según las decisiones que al respecto tome la asamblea general, de conformidad con lo previsto en el artículo 394 del Código Sustantivo del Trabajo.

De igual forma aseguró que todo sindicato debe abrir, por lo menos, el libro de afiliaciones, de actas de asamblea general y de junta directiva y el de inventarios y balances e ingresos y egresos, los cuales serán previamente registrados por el inspector de trabajo.

A falta de la aprobación de una reforma tributaria, estos serían los requisitos para declarar renta en 2019, según los cálculos de la UVT.

El gobierno de Iván Duque se ha demorado en presentar la reforma tributaria, que se planteaba desde el 7 de agosto. El Jefe de Estado rechazó la posibilidad de presentar esta medida, polémica por la posible ampliación de los topes para declarar renta. Así, y asumiendo que no habrá cambios, ya se conocen los posibles montos para declarar renta en 2019.

Estos montos se calculan a partir de la Unidad de Valor Tributario (UVT), la cual se calcula con la inflación acumulada de los 12 meses a corte del 1 de octubre de cada año. Este dato fue revelado por el Dane este viernes. Entre octubre de 2017 y 2018, el IPC creció en un 3,36%.

La contabilidad de la inversión es una forma de entender la startup como un instrumento financiero formal, que posee un valor exacto y que refleja un abanico de costos y resultados financieros a futuro.

Los analistas de finanzas y de riesgo suelen atender a varios parámetros clásicos a la hora de valorar la rentabilidad y el potencial de una empresa. Generalmente son aspectos como los ingresos, la cartera de clientes, el funcionamiento de las inversiones realizadas o la cuota de mercado que se ostenta en un determinado sector.

Pero todos estos indicadores fracasan sonoramente cuando el objeto de la investigación es una empresa de base innovadora, como es el caso de las startup.

Por poner tan solo algunos ejemplos, YouTube presentaba un modelo de negocio fallido, sin apenas ingresos y con una cuota de mercado que –antes de la compra por parte de Google– estaba amenazada por la entrada de nuevos operadores (como la propia Google, Vimeo o Dailymotion). Sin embargo, años después, se ha comprobado que la startup era todo un éxito.

José Andrés Romero, director de la Dian, explicó algunos puntos de esta iniciativa, que servirá para financiar el Presupuesto.

A la ley de financiamiento le llegó su hora cero: La próxima semana será radica esta iniciativa, que servirá, en parte, para financiar el Presupuesto del 2019, pero también incluirá un remezón normativo en diferentes áreas tributarias y económicas del país.

Así lo confirmó a este diario José Andrés Romero, director de la Dian, quien explicó que la columna vertebral del articulado incluirá la simplificación de sistemas, el mejoramiento de procedimientos y la mejor estructura tributaria, de modo que esto permita reactiva la economía.

MEJORES CONTROLES

“Este proyecto no es solo para financiar el gasto público, sino para lograr que los empresarios que hoy están en una mala situación y personas que están pagando muchos impuestos puedan tener un sistema que alivie cargas y sean optimistas con el futuro del país, traigan sus recursos a Colombia y activen la economía nacional”, indicó Romero.

Otras de las pinceladas dadas por el funcionario sobre esta ley tienen que ver con que se planean identificar y reforzar, en conjunto con la Fiscalía, algunos tipos penales (delitos) para que realmente se generen situaciones ejemplificantes contra aquellos que deciden evadir impuestos.

Con las reformas propuestas, se espera que el país comience a crecer a tasas superiores al 4% anualmente.

Emprendimiento, legalidad y equidad política y social son los tres pilares en los que el gobierno de Iván Duque basará su política para lograr que Colombia crezca a un ritmo de 4,0 o 4,5 por ciento anualmente, según Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.

De acuerdo al titular de la cartera de Hacienda, en los tres temas ya se hizo un diagnóstico y se plantearon las posibles soluciones, las cuales estarán contenidas en el proyecto de ley de financiamiento, que el ejecutivo pasaría esta semana al legislativo para su discusión.

Respecto al emprendimiento, Carrasquilla aseguró que el gobierno cree que el está siendo afectado por el exceso de regulación y cargas impositivas que son excesivamente altas y que no permiten el desarrollo empresarial. Para esto, creen que es necesario en el tema regulatorio hacer una reducción, simplificar y recortar. Afirmó que en el proyecto de ley se va a dar a conocer el problema que se está tratanto de resolver y cómo hacerlo.

Esta base para determinar todos los pagos tributarios y que se oficializa por parte de la DIAN a través de un decreto, se determina con el Índice de Precios al Consumidor para ingresos medios de los últimos 12 meses, con corte al primero de octubre.

Saber cuál será la UVT de 2019 es importante para que todas las personas que deben pagar impuestos hagan su planeación tributaria en lo que queda del año.

La cifra que se toma para ese cálculo está determinada por el artículo 868 del Estatuto Tributario, el cual señala que la UVT es la medida que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a impuestos y las obligaciones administradas por la DIAN.

El dato de la inflación de los últimos 12 meses con corte al 1 de octubre lo dio a conocer el DANE de forma preliminar en su más reciente informe de inflación cuya información oficial está al 30 de septiembre de 2018.

En ese documento se proyectó que la inflación anual a 2018 para ingresos medios llegó a 3,36%. Como la información está con corte al último día de septiembre es probable que la inflación de los últimos 12 meses entre el 1 de octubre de 2017 y 1 de octubre de 2018 cambie solo ligeramente.

Antes de realizar este procedimiento, es necesario observar una serie de normas básicas que son de obligatorio cumplimiento.

Cumplir con todos los requisitos para pagar correctamente el salario de los empleados es una labor que requiere la observación de una serie de normas básicas que son de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y que tienen como fin el garantizar la protección de los derechos de los trabajadores.

Así, el experto menciona los siguientes factores primordiales que se deben tener en cuenta a la hora de gestionar una nómina:

1.- Observar estrictamente el cumplimiento de la normatividad en temas laborales, tributarios y de seguridad social. Para este fin es fundamental permanecer actualizado frente a las normas vigentes.

2.- Respetar la confidencialidad de la información. Es muy importante tener en cuenta que toda la data que maneja el área de Talento Humano es confidencial, por lo tanto se debe tener protegida la información personal y laboral. Esta debe permanecer blindada para que no se vaya a usar de manera incorrecta, ni interna ni externamente.

A septiembre del 2018, el recaudo por este gravamen se acercó a $450.000 millones. Desde el 2019 no existirá en el estatuto tributario.

El marchitamiento del impuesto a la riqueza en Colombia, que a finales de este año tendrá su ocaso definitivo, le dejará un hueco fiscal importante al país que asciende a varios miles de millones de pesos.

De hecho, la reducción gradual del cobro de este gravamen comenzó a sentirse el año pasado, cuando a las arcas del Estado entraron $3,97 billones por este concepto, mientras que en los años 2015 y 2016, superó levemente los $5 billones, aunque, vale decirlo, allí se incluyeron los pagos por una ‘amnistía tributaria’.

Este año, que es el último reducto del pago de dicho tributo, las cifras son muchísimo más inferiores, si se tiene en cuenta que, con corte a septiembre –cuando se vencieron los últimos plazos para pagar este impuesto (sin recargos o sanciones)– el recaudo llegó a $444.659 millones.

Iniciativa legislativa sería radicada en el Congreso la próxima semana.

Tras más de dos meses de preparación, al Gobierno de Iván Duque le llegó la hora cero para presentar a consideración del Congreso la denominada ley de financiamiento. Esta nueva iniciativa, que sería radicada la próxima semana, no solo busca cubrir un faltante de todavía $14 billones para atender programas sociales en el Presupuesto de 2019, sino que también pretende mejorar la administración tributaria, generar medidas de austeridad e impulsar el crecimiento económico del país.

Hasta el momento, entre las alternativas para obtener estos recursos adicionales que ha barajado el Ministerio de Hacienda con Alberto Carrasquilla al frente se encuentran la ampliación de la base para el cobro del IVA (en algunos casos con reducciones del tributo), el aumento de la tarifa del impuesto de renta para las personas naturales y la disminución de este mismo impuesto directo para las jurídicas.

En concreto, fueron tres los posibles combos que se les presentaron hace varias semanas a diferentes congresistas (ver combo 1 en el gráfico). En materia de IVA se estableció un escenario con una tarifa estable en 19% que recaudaría hasta $15,3 billones en 2019; otro con una reducción gradual de 19% a 16% que permitiría $11,9 billones adicionales para el próximo año y un tercero con un impuesto de 17% que lograría $8,5 billones. De esos ingresos, se sacarían alrededor de $1,4 billones en los tres casos como mecanismo de compensación monetaria para los más vulnerables.

El contador público podrá ser elegido como revisor fiscal una vez transcurran seis (6) el momento de su renuncia.

Consulta:

¿Un revisor fiscal podrá ser trabajador en la misma?

¿Cuanto tiempo debe pasar luego de del cese de sus anteriores funciones?

Cuando un Contador Público haya actuado como empleado de una sociedad rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o Revisor Fiscal de la misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por lo menos durante seis (6) meses después de haber cesado en sus funciones

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.

Consulta:

Si la sociedad es de naturaleza jurídica SAS, la responsabilidad de los socios asciende hasta el monto de sus aportes y para este caso particular, los aportes de la persona jurídica accionista de (…) asciende a la suma de $140,000,000.oo; y ha cubierto obligaciones al día de hoy por la suma de $480,000,000.oo

¿Hasta cuándo o cuánto mas debe la persona jurídica seguir pagando deudas adquiridas por la suplente sin la autorización ni conocimiento de la sociedad?

“Las sumas depositadas en depósitos electrónicos, en la sección de ahorros, en cuentas corrientes, en cualquier otro depósito y en dineros representados en certificados de depósito a término y en cheques de gerencia, podrán entregarse directamente al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, herederos o a uno u otros conjuntamente, sin necesidad de juicio de sucesión”, y el monto será de hasta $60 millones.

Por medio de la circular circular 65 de este año firmada por el superintendente financiero, Jorge Castaño, se dio a conocer que las entidades al momento de recibir órdenes de embargo deben aplicar el numeral 4 del artículo 126 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que se establece que las suma inembargable en depósitos electrónicos o sección de ahorros no puede ser menor a $36,050 millones.

Según el documento “esto es justamente, con el objeto de proteger la destinación específica de los recursos inembargables, el legislador instituyó para los funcionarios judiciales y administrativos el deber de abstenerse de decretar medidas cautelares que recaigan sobre aquéllos, con la indicación del procedimiento a seguir por parte de los destinatarios de las medidas que los afecten”.

Los contratos por obra o labor pertenecen a la clasificación de contratos de trabajo por su duración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo.

En este sentido, indicó el Ministerio del Trabajo, el contrato puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.

Contrario a otra clase de modalidades contractuales, el contrato celebrado entre las partes por el tiempo que dure la realización de la obra o labor determinada no requiere ninguna fórmula sacramental para erigirlo.

Para la determinación del régimen del impuesto sobre la renta aplicable a las personas naturales, según las categorías previstas en la Ley 1607 del 2012, la Sección Cuarta del Consejo de Estado incluyó en la noción de empleado a algunas personas que perciben sus ingresos del desarrollo de actividades por cuenta y riesgo propio, como las profesiones liberales y quienes prestan ciertos servicios técnicos.

Lo anterior en el marco del estudio de la legalidad del numeral 3° del artículo 2° del Decreto 3032 del 2013, reglamentario del artículo 329 del Estatuto Tributario (E. T.), incorporado por el artículo 10 de la referida Ley 1607, mediante el cual se establecieron los requisitos para tener la calidad de empleado para efectos de determinar la forma de liquidar el impuesto sobre la renta según la categoría.

De lo dispuesto en la normativa para la determinación del régimen del impuesto de renta de personas naturales se colige que existen tres categorías de personas:

Desde agosto entró en rigor la circular, que cobija a compañías con activos totales superiores a 100.000 UVT.

Através de la Circular Externa No. 3 del pasado 3 de agosto, dirigida a los responsables del tratamiento de datos personales en sociedades anónimas y entidades sin ánimo de lucro son activos totales superiores a 100.000 Unidades de Valor Tributario, UVT, y a personas jurídicas de naturaleza pública, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, modificó la Circular Única de esa entidad, en lo relacionado con el Registro Nacional de Bases de Datos, RNBD.

El instructivo modifica los numerales 2.1 a 2.4 y elimina los numerales 2.5 al 2.7 del Capítulo Segundo del Título V de la Circular Única, estableciendo que quienes son destinatarios de la circular, deben inscribir en el RNBD, la siguiente información, además de la establecida en el Capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015:

En primer lugar, la información almacenada en la base de datos, es decir, “la clasificación de los datos personales almacenados en cada base de datos, agrupados por categorías y subcategorías”.

Una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, actuando por cuenta propia (Administración).

Consulta:

1- En desarrollo de su Objeto social, Propaís suscribe CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y CONVENIOS DE COOPERACIÓN o de ASOCIACIÓN con entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional, en cuyo presupuesto se incluye la asignación de un valor por concepto de administración. Contablemente las operaciones de estos contratos se registran en el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL como ingresos y gastos según sea el caso.

2- De igual manera, en desarrollo del objeto social Propaís suscribe CONVENIOS DE COOPERACIÓN o de ASOCIACIÓN con entidades públicas y privadas, en los que no se generan ingresos ni gastos, por lo que contablemente los recursos derivados de estos convenios se manejan en la cuenta OTROS PASIVOS DEPÓSITOS PARA TERCEROS.

3- Los convenios o contratos que tienen recursos para terceros y a la vez incorporan recursos de administración, en fo referente a esa porción destinada a la administración,

1. ¿Se deben manejar como ingresos en el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL?

2. ¿Mientras que el recurso que está destinado a la ejecución técnica del Contrato o Convenio deberá ser manejado en la cuenta de OTROS PASIVOS DEPOSITOS PARA TERCEROS?

Una entidad excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido, razón por la cual para el caso particular de la consulta, los recursos recibidos para la ejecución técnica de los contratos o convenios, se considerará un ingreso recibido para terceros, los cuales se reconocerán en el estado de situación financiera como un pasivo.

¿Cómo se determina la tasa de cambio que debo utilizar en un pago del exterior en moneda diferente al dólar para efectos tributarios?

El pasado 6 de agosto de 2018 el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico expidió el Decreto Reglamentario 1453 por medio del cual se establece el tipo de cambio que deben utilizar los contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando realicen operaciones en moneda diferente al dólar de los Estados Unidos para efectos tributarios.

Recordemos que la Ley 1819 de 2016 estableció que si existen operaciones en moneda extranjera la diferencia en cambio que se genere y que debe ser incluida en la declaración del impuesto sobre la renta es la realizada. En otras palabras, la diferencia en cambio que tiene efectos en la determinación del impuesto sobre la renta es la que se genera solamente cuando se liquiden o enajenen los activos que se encuentran en la contabilidad del contribuyente en moneda extranjera y solo en ese momento deberá ser reconocido un ingreso o un gasto, con incidencia en la base gravable del impuesto.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional resolvió el caso de una mujer embarazada que solicitó el reconocimiento de protección laboral reforzada, el alto tribunal revocó la sentencia que negó el amparo y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela.

La accionante manifestó haber sido vinculada a una empresa de confecciones en octubre del 2016 para desempeñar el cargo de servicios generales. Sostuvo que dicha vinculación fue producto de un contrato laboral a término indefinido, en el cual se pactó la asignación salarial de $ 915.000 mensuales, y que la empresa accionada no la afilió a seguridad social, circunstancia que la llevó a que ella y su pareja realizaran aportes por su cuenta.

La peticionaria relató que en agosto del 2017 se practicó una prueba de embarazo que resultó positiva, hecho que le comunicó oportunamente a su jefe inmediata, quien le pidió copia del examen para remitírselo al gerente de la empresa.

Informativamente, reportamos la sanción de la ley que creó los jueces de paz (Ley 497/98). En esa oportunidad informamos que los jueces iban a conocer "los conflictos que las personas o la comunidad en forma voluntaria y de común acuerdo sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo a la ley, en cuantía no superior a los 100 salarios mínimos mensuales".

También hubo un cambio jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema, que decidió que la ausencia de culpa en la separación no era requisito para la sustitución pensional. Se afirmó en esta decisión que la Ley 100 de 1993 no tuvo en cuenta el concepto de culpa en la separación para determinar los beneficiarios de la sustitución.

• Conductores no pueden ser arrestados por infringir normas de tránsito

Por medio de la cual se adiciona la resolución 0009 de 2008.

Por lo anterior, se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución del 12 al 19 de octubre de 2018, a través del correo electrónico:

Nota: Ese buzón es de uso exclusivo para recibir únicamente comentarios a los proyectos de Resolucion, favor abstenerse de enviar comunicaciones diferentes.

En un tiempo menor a los 45 días anunciados por el Director General de la DIAN, se presenta Proyecto de Decreto de Normatividad Aduanera.

Empresarios, gremios y ciudadanía podrán hacer comentarios al decreto compilatorio hasta el próximo 23 de octubre.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tiene el listo el proyecto de decreto que dará seguridad jurídica a las operaciones de comercio exterior a través de la armonización y consolidación de la normatividad en materia aduanera, con lo que se espera mejorar la eficiencia logística y facilitar el comercio.

El Director General de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona, afirmó que con este proyecto de decreto está cumpliendo en un tiempo récord de 30 días a la comunidad de comercio exterior con la armonización y compilación de la norma aduanera.