La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó la Unidad de Valor Tributario (UVT) que regirá para el año 2019, en treinta y cuatro mil doscientos setenta pesos ($34.270). El incremento se estableció a través de la Resolución 56 del 22 de noviembre de 2018.

Cada año, la DIAN fija el incremento de la UVT que permite determinar las cifras y valores absolutos aplicables a las obligaciones e impuestos administrados por la DIAN.

Para aplicar la UVT, se multiplica el número de UVT especificado en la norma por el valor fijado para cada año y el resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario.

Este aumento se calcula con la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios, entre el 1° de octubre de 2017 y el 1° de octubre de 2018, que fue de 3.36%.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, quienes no realicen este pago serán sancionados.

Hasta el 20 de diciembre los empleadores y particulares que emplean a trabajadores domésticos tendrán plazo para pagar la prima de servicios, la cual debe corresponder a la mitad del salario mensual.

De acuerdo con la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, actualmente, en el país hay aproximadamente 22,3 millones de ocupados, de los cuales el 3% corresponden a trabajadores del servicio doméstico que, según corte de enero a septiembre de 2018, corresponde a 660.000 trabajadores.

“Aproximadamente 180.000 trabajadores del servicio doméstico recibieron pago de prima de servicio en los últimos doce meses del 2017, que equivalen al 26,4% del total de ocupados de esta población. En 2010 este porcentaje era del 12% (84.000). Queremos que esta cifra siga aumentando”, afirmó la ministra.

Según las propuestas de las partes, la diferencia entre lo ofrecido por los empresarios y lo pedido por los sindicatos es de $52.343 al mes.

La posibilidad de que empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para el 2019, está lejos.

Las partes concretaron este martes sus propuestas de ajuste, lo que ratifica que las diferencias son amplias, pues el promedio de las centrales obreras ((CUT, CGT, CTC) es de 10,7%, lo que indica que el incremento pedido sería de $83.592 mensuales, con lo cual se llegaría a $864.834.

Entre tanto, la propuesta unificada de los empresarios, que es del 4% representa un incremento de $31.250, para una asignación mensual de $812.491. Lo anterior significa que la distancia entre lo ofrecido por los patronos y lo pedido por los trabajadores es de $52.343.

El régimen aplicable en materia de derecho de inspección no se opone a que en los estatutos se regule el mismo, dentro de la libertad contractual que prevé el mismo.

No obstante, precisó la Superintendencia de Sociedades, es necesario tener en cuenta que el derecho de inspección no puede extenderse o evadir los límites legales establecidos para su ejercicio; es decir, cualquier estipulación, bien sea adoptada en los estatutos o en reglamentos internos, que contravenga tales reglas o pretenda equiparar el concepto del derecho de inspección con el de auditoría externa bajo ninguna circunstancia se entenderá ajustada a derecho.

En efecto, los accionistas no pueden entorpecer el funcionamiento normal de la sociedad ni extender sus derechos a información que por disposición legal no puede otorgarse, pues, de lo contrario, se configuraría un ejercicio abusivo del derecho.

La implementación del teletrabajo puede significar un incremento de 39% en la productividad de un empleado. Para aprovechar esta figura, se están implementando nuevas tecnologías.

El teletrabajo puede ser un arma de doble filo. Si se hace mal puede perjudicar a la persona porque se siente en libertad de empezar a la hora que quiere, sin rendir cuentas a un jefe y que puede abandonar las tareas, como nunca se había hecho. Pero la realidad es que se necesita de una disciplina para no ser perjudicado, una persona que hace teletrabajo necesita programar su día con la misma seriedad que si tuviera que llegar a la oficina.

De hecho, cada minuto cuenta y si ya no tomará un taxi o un bus para llegar a la empresa, esos no son minutos para descansar de más, sino para aprovechar el día. Por eso, las personas perezosas no tienen buena disposición para el teletrabajo. Más bien, hay que estar pilas porque un correo necesita ser enviado o porque hay que contestar las dudas que tiene el jefe en una llamada.

Así las cosas, concluyó que los acuerdos laborales también se ven afectados por la exclusión, configurando de esta manera la modalidad de terminación de la labor determinada.

La Sala de Descongestión No. 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se negó a casar una sentencia en la que se absolvía a Ecopetrol y a otra compañía de las consecuencias patrimoniales y jurídicas originadas por el despido colectivo de varios trabajadores, vinculados por obra o labor para la ejecución de un contrato civil suscrito entre ambas empresas, el cual calificaron en la demanda como injusto, por haber sido finalizado como consecuencia de la ruptura del negocio jurídico entre ambas sociedades.

Según el alto tribunal, la duración de la obra o labor del contrato de trabajo no podía identificarse simple y llanamente con la finalización física de las obras contratadas por Ecopetrol sin tener en cuenta la suerte del contrato civil, pues ello daría pie a que ante la suspensión de las obras y su estado de indefinición, por la liquidación estatal unilateral del contrato, se proyectara la duración del vínculo laboral de manera indefinida e indeterminada.

A finales de noviembre, AP Legis y la Internacional Fiscal Association (IFA) realizaron el VII Congreso colombiano de tributación internacional. Durante el evento, se abordaron los principales temas nacionales e internacionales sobre la materia, de la mano de más de 30 expertos.

Así, el director de la Dian, José Andrés Romero, fue uno de los invitados especiales, el cual en dialogo con ÁMBITO JURÍDICO se refirió acerca de sus principales retos durante su gestión en la entidad, la importancia de los acuerdos de intercambio de información tributaria para combatir la evasión y la corrupción, así como de una eventual reforma al Estatuto Aduanero, entre otros importantes temas.

El despido originado en un modo legal, como es la liquidación definitiva de la empresa, no es justa causa de terminación del contrato de trabajo.

Así lo reitera un fallo de una de las salas de descongestión de la Corte Suprema de Justicia luego de explicar que los modos de terminación del contrato corresponden a las situaciones generales que pueden dar lugar a dicha terminación, mientras que las justas causas son los hechos o actos que autorizan al empleador a que haga uso de uno de esos modos legales, esto es, la decisión unilateral de terminar la relación laboral.

De ahí que, agrega la Sala, el hecho de que un contrato de trabajo termine por razón de la configuración de un modo legal de extinción del vínculo laboral “no implica que sea con justa causa, pues no es dable equiparar la legalidad de la terminación con el despido precedido de justa causa” .

El Ministerio de Salud resolvió una consulta relacionada con la existencia de una norma que obligue a las entidades promotoras de salud (EPS) a asignar citas de medicina general en máximo tres días y, además, que los pacientes deban ser atendidos en el lugar más cercano a su residencia.

En primer lugar, recordó que, de acuerdo con la Resolución 1552 del 2013, la asignación de citas de odontología y medicina general no podrá exceder los tres días hábiles, contados a partir de la solicitud, salvo que el paciente las solicite de manera expresa para una plazo diferente.

Las EPS deberán informar al paciente en el momento en que reciben la solicitud la fecha para la cual se asigna la cita, sin que les sea permitido negarse a recibir la solicitud y fijar la fecha de la consulta requerida.

La entidad promotora de salud (EPS) es la encargada de establecer el origen de la contingencia que haya generado una incapacidad laboral, con la consecuente obligación de dar entre el día 120 y 150 de la misma el concepto de rehabilitación o su negativa al fondo que administra la pensión, en caso de contingencia de origen común; o a la administradora de riesgos laborales, en caso de contingencia de origen laboral.

Si hay lugar a rehabilitación, el funcionario o trabajador continuará laborando con posterioridad a su culminación, mientras que si hubo reporte negativo se realizará la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Si este porcentaje es igual o superior al 50 %, corresponde a la administradora de pensiones (origen común) o a la administradora de riesgos laborales (origen laboral) otorgar la pensión de invalidez, determinando el grado de la misma.

La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que el derecho a la indexación o ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que esta es una decisión ajustada a la ley y constituye un acto de equidad.

En ese orden, cuando se ordena el restablecimiento de dicho derecho se busca la obtención del valor real al momento de la condena, que es el equivalente al perjuicio recibido.

Sin embargo, en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa (devaluación) se puede concluir que estas son incompatibles.

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, las relaciones entre el contador público externo y el cliente se deben determinar claramente en el contrato firmado por las partes, en el cual se deben detallar las funciones, obligaciones y entregables a que se compromete frente al usuario de sus servicios.

Algunas de las funciones que se pueden prever cuando es contratado como elaborador de información financiera y registro de la contabilidad son:

.i. Diligenciar y mantener actualizados los libros de contabilidad.

ii. Mantener la información contable al día con todos los soportes a través de digitación en software (preferiblemente de propiedad de la entidad).

iii. Elaborar y presentar los estados financieros con sus correspondientes notas y con la periodicidad acordada en el contrato.

iv. Preparar las declaraciones tributarias nacionales y territoriales, con los respectivos anexos.

v. Elaboración de la información exógena con destino a las autoridades tributarias.

DIAN expidió la Resolución 00062 de 2018, la cual contiene esta prerrogativa.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expidió la resolución 00062 del 30 de noviembre de 2018, mediante la cual establece el 1° de enero de 2019 como fecha máxima exigible para que los Grandes Contribuyentes inicien a facturar electrónicamente.

El acto administrativo deja en claro que este plazo adicional de un mes sólo aplicará para quienes, por dificultades técnicas o comerciales justificadas, no lo pudieron hacer en el plazo inicialmente estipulado.

Por la cual se delegan unas funciones dentro de los procesos de autorización, interrupción y cancelación de la autorización del Operador Económico Autorizado.

Por lo anterior, se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución del 7 al 13 de diciembre de 2018, a través del correo electrónico:

Nota: Este buzón son de uso exclusivo para recibir únicamente comentarios a los proyectos de Resolucion, favor abstenerse de enviar comunicaciones diferentes.

Las empresas deben facilitar a los trabajadores las condiciones que les permitan acceder al servicio de salud y una forma de hacerlo es, precisamente, otorgando permiso para asistir a citas médicas y los tratamientos a que haya lugar.

En ese sentido, no existe en la normativa disposición alguna que le otorgue al empleador la potestad de modificar las citas médicas de sus trabajadores, de acuerdo con su conveniencia, pues son estos, en su calidad de usuario o afiliado, quienes las solicitan, modifican o cancelan, así como programan los tratamientos que demanden.

En cuanto a la asignación de citas, el artículo 23 de la Ley 1122 del 2007 dispone como deber de las EPS atender con la celeridad y frecuencia que requiera la complejidad de las patologías de los usuarios y fijar las citas con la rapidez que requiere un tratamiento oportuno, en aplicación de los principios de accesibilidad y calidad.

Luego de que las comisiones económicas del Congreso de la República finalizaran el estudio del articulado del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda (Minhacienda) anunció cuáles son, a su juicio, los cinco aspectos claves que quedaron aprobados:

Protección a la población más vulnerable

No se amplió el cobro del IVA a la canasta familia.
Se aseguró la continuidad de los programas sociales.
No se gravará a las motos de menos de 200 cc.
Se recaudarán recursos para invertirlos en programas sociales de gran calibre.

El régimen aplicable en materia de derecho de inspección no se opone a que en los estatutos se regule el mismo, dentro de la libertad contractual que prevé el mismo.

No obstante, precisó la Superintendencia de Sociedades, es necesario tener en cuenta que el derecho de inspección no puede extenderse o evadir los límites legales establecidos para su ejercicio; es decir, cualquier estipulación, bien sea adoptada en los estatutos o en reglamentos internos, que contravenga tales reglas o pretenda equiparar el concepto del derecho de inspección con el de auditoría externa bajo ninguna circunstancia se entenderá ajustada a derecho.

En efecto, los accionistas no pueden entorpecer el funcionamiento normal de la sociedad ni extender sus derechos a información que por disposición legal no puede otorgarse, pues, de lo contrario, se configuraría un ejercicio abusivo del derecho.

La entidad promotora de salud (EPS) es la encargada de establecer el origen de la contingencia que haya generado una incapacidad laboral, con la consecuente obligación de dar entre el día 120 y 150 de la misma el concepto de rehabilitación o su negativa al fondo que administra la pensión, en caso de contingencia de origen común; o a la administradora de riesgos laborales, en caso de contingencia de origen laboral.

Si hay lugar a rehabilitación, el funcionario o trabajador continuará laborando con posterioridad a su culminación, mientras que si hubo reporte negativo se realizará la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Si este porcentaje es igual o superior al 50 %, corresponde a la administradora de pensiones (origen común) o a la administradora de riesgos laborales (origen laboral) otorgar la pensión de invalidez, determinando el grado de la misma.

Para potenciar el trabajo virtual y promover el uso efectivo de las TIC, el Ministerio del Trabajo expidió una circular que facilita los contratos de trabajo por medio de firma electrónica.

El anuncio lo hizo la ministra del Trabajo, Alicia Arango, durante el Taller de incidencias de los avances digitales en el teletrabajo.

Los contratos por medios electrónicos pueden tener la firma electrónica o la digital, permitiendo a su vez identificar y vincular una persona con la creación de un mensaje de datos, un acto o un contrato y que cuenta con su aprobación. Estos están dirigidos a los empleadores y trabajadores del país del sector privado.

La Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que se defrauda la finalidad de las cooperativas de trabajo asociado cuando a través de su funcionamiento se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el fin de atender funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato de trabajo: (i) prestación de un trabajo de forma personal, (ii) subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.

Por lo anterior, el legislador prohibió que dichas cooperativas actúen como empresas de intermediación laboral o que dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal, por lo que el trabajador que sea utilizado de esa manera se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie de su trabajo.

En efecto, el artículo 80 de la Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa, señala que las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía.

Expertos recomiendan asesorarse y revisar detenidamente la discriminación de los pagos para así saber qué es lo que está recibiendo.

Al finalizar un contrato laboral es sabido que los empleadores deben hacer un reconocimiento económico al trabajador, el cual se conoce como liquidación. Este es un pago que se origina bien sea por la finalización del tiempo pactado en el caso de contratos de trabajo a término fijo, el retiro del trabajador por jubilación, la terminación unilateral por cualquiera de las partes en cualquier momento o por la terminación del contrato por mutuo acuerdo.

Pero, ¿qué debe tener en cuenta si usted está a punto de recibirla? Son varias cosas las que debe tener presentes a la hora de finalizar su contrato y recibir esta bonificación, y en este artículo le diremos cuáles son.

• SUS DERECHOS

Aquí le explicaremos la fórmula que debe usar para saber cuánto dinero le corresponde de este concepto. Al hacer el cálculo también deberá tener en cuenta los pagos adicionales que reciba como empleado, por fuera del salario y que sean constitutivos del mismo.

Las cesantías son una prestación social de carácter especial que debe pagar el empleador al trabajador y que corresponden a un mes de salario por cada año de servicios. Este constituye un ahorro forzoso de los trabajadores y está pensado para auxiliarlos en caso de quedar desempleados.

También se caracterizan por estar protegidas por la ley, lo que las hace inembargables, irrenunciables y no se pueden ceder. De igual manera, esta prestación solo es para empleados con contratos formales de trabajo, se deben liquidar antes del 14 de febrero y deben consignarse en las administradoras de fondos de cesantías que la ley determina.

Aunque ya es conocido este concepto, muchos de los trabajadores del país aún tienen bastantes dudas sobre cómo se pueden calcular el valor de las cesantías, incluso, algunos desconocen el proceso que debe realizar el empleador para conocer la cantidad de dinero que se debe consignar anualmente por este concepto.

Un concepto del Ministerio de Trabajo aclara qué pasa con los aportes a seguridad social cuando el empleado goza de una licencia por la llegada de un hijo, sale a disfrutar de un descanso o se encuentra de permiso autorizado por la empresa.

En ocasiones la falta de conocimiento de las normas llevan a cometer errores involuntarios por parte de los empleados y los empleadores. Cuando eso ocurre, se puede cometer la equivocación de hacer los aportes a salud y pensión, los que recurrentemente presentan la mayor probabilidad de impago.

Sin embargo, estar al día con esta obligación es una manera de cubrirse en caso de una enfermedad, por ejemplo, una apendicitis o cálculos en el riñón. Si usted no paga su salud, seguramente tendrá dificultades para ser atendido. En el caso de los trabajadores dependientes, el Ministerio de Trabajo aclaró en un concepto (37065, de octubre de 2018) qué pasa con estos pagos cuando el empleado está en vacaciones, licencia de maternidad o de permiso remunerado.

Faltar al trabajo con este documento privado falso bajo la pretensión de acceder o exigir un derecho laboral, acarrea duras sanciones penales.

Si usted es de los que anda pensando pedir que ‘lo incapaciten’ para verse los partidos de fútbol, tenga mucho cuidado, porque no solo le podría salir bien caro el ‘chistesito’, sino que posiblemente tenga que rendirle cuentas a la justicia al cometer un grave delito.

Aunque parezca ‘un juego’ o un a lo sumo, una mentira piadosa, es grave falsificar los documentos privados, como la incapacidad médica, ya que debe contar con la firma de un doctor, respaldado por la EPS, con un pago a cargo de recursos públicos. Ni se le vaya a ocurrir buscar a un ‘amigo’ o ese médico inescrupuloso que vende por $300.000 una incapacidad de hasta 30 días.

Esta irregularidad fue denunciada por la firma de contratación laboral y reclutadora de talento, Manpower, donde señaló que irresponsablemente hay médicos que están vendiendo hasta en $2 millones una incapacidad continua que asegure una pensión de invalidez. Según esta compañía, este es uno de los factores que más está afectando la productividad en el país. Y esta carencia en competitividad y productividad no es simplemente una cuestión de horas/hombre, falta de tecnología o capital físico.

Haga cuentas antes de que su empresa lo liquide, así podrá saber si le están entregando el monto completo y además podrá prepararse con un presupuesto para los días de desempleo.

Si a usted lo liquidan año a año, tuvo que renunciar a su empleo o peor aún, le finalizaron el contrato por “X o Y” motivo, este artículo le interesa sí o sí, pues lo más seguro es que usted ya esté preocupado por lo que va a ser de su futuro económico, no sabe si se quedará desempleado y si los recursos que va a recibir son los suficientes para sobrevivir mientras encuentra otra ocupación.

Sabemos que el proceso es difícil y que mientras digiere su situación, usted no está pensando en trámites, ni procesos. Sin embargo, siempre es importante que esté actualizado de su situación laboral, porque puede pasar que en el último momento se de cuenta de que le dejaron de pagar uno o dos meses de salud y pensión, que no le consignaron las cesantías o que sencillamente hubo algún error en el proceso de liquidación.

Se estima que el 42% del parque automotor evade la responsabilidad de contar con esta protección que ampara a las víctimas implicadas en accidentes de tránsito. Ante ese problema, se buscan alternativas como la digitalización del documento.

La accidentalidad vial es un problema de salud pública que afecta la población mundial. Colombia no es ajena a la situación y por eso tiene entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad pública manejada por el Ministerio de Transporte, para mitigar las consecuencias del crecimiento del parque automotor y las fatalidades que se presentan en accidentes de tránsito.

Asimismo, desde 1988 Colombia cuenta con la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), como mecanismo de protección de víctimas implicadas en estos hechos fortuitos en las vías del país, tanto para siniestros en la ciudad, como en carreteras. Sin embargo, la alta evasión de esta obligación ha sido constante y se estima que el 42% de los automotores falsifican o no cuentan con este documento público.

Es responsabilidad de los administradores de la sociedad el manejo, conservación, custodia, guarda, registro y archivo de los papeles relacionados con sus negocios y actividades, en los términos previstos en los artículos 191 y 482 del Código de Comercio.

Aunque la Superintendencia de Sociedades no es competente para establecer de manera particular los parámetros de conservación y cuidado, los estatutos de la sociedad son la fuente principal para determinar las actividades de la empresa y, por ende, la correspondencia directamente relacionada con los negocios.

En este sentido, todos los mensajes de datos, entre ellos los correos electrónicos, que tengan relación con los libros y papeles del comerciante deben ser conservados por un periodo de 10 años, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley 962 del 2005 y Ley 527 de 1999, salvo lo previsto para las empresas de liquidación.

Las empresas deben facilitar a los trabajadores las condiciones que les permitan acceder al servicio de salud y una forma de hacerlo es, precisamente, otorgando permiso para asistir a citas médicas y los tratamientos a que haya lugar.

En ese sentido, no existe en la normativa disposición alguna que le otorgue al empleador la potestad de modificar las citas médicas de sus trabajadores, de acuerdo con su conveniencia, pues son estos, en su calidad de usuario o afiliado, quienes las solicitan, modifican o cancelan, así como programan los tratamientos que demanden.

En cuanto a la asignación de citas, el artículo 23 de la Ley 1122 del 2007 dispone como deber de las EPS atender con la celeridad y frecuencia que requiera la complejidad de las patologías de los usuarios y fijar las citas con la rapidez que requiere un tratamiento oportuno, en aplicación de los principios de accesibilidad y calidad.

¿El inciso primero del artículo 253 del ET fue modificado por el artículo 31 de la Ley 812 de 2003 y este último, habida cuenta de su naturaleza y al haber sido derogado por el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, implicó que el artículo 253 del ET recobrara su vigencia?

Tesis: “De la lectura textual de los artículos 253 del ET y 31 de la Ley 812 de 2003, es evidente que la intención del legislador al expedir el segundo fue la de incrementar el monto del descuento por reforestación (…) De acuerdo con los artículos transcritos, el descuento por reforestación, elemento integrante de la obligación tributaria, fue incrementado por la Ley 812 de 2003, del 20% al 30% del valor de la inversión, generado la modificación de la obligación tributaria sustancial, realizada por el legislador con claros propósitos de política fiscal.

La Sala advierte que el artículo 31 de la Ley 812 de 2003 reguló de manera concreta los efectos fiscales de un hecho específico, esto es, la inversión por reforestación, otorgando un descuento en el impuesto sobre la renta en función de un porcentaje calculado sobre el monto de dicha inversión, dirigido a los declarantes de este impuesto.

¿Procede el reconocimiento de las compras de chatarra declaradas y de los impuestos descontables derivados de las mismas?

Tesis: “En relación con los costos -compras- e impuestos descontables, el artículo 771- 2 del Estatuto Tributario señala que la factura y los documentos equivalentes constituyen la prueba documental idónea para soportar esos conceptos.

Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la Administración. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN prueba la inexistencia de las