En forma general, el Código de comercio, en su artículo 207 contempla las funciones de la revisoría fiscal.

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

2.Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el Funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

3.Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y por que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

5.Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.

En nuestra opinión, para que la inhabilidad se materialice debe ser expresa, por lo tanto y según los términos planteados en la consulta, no evidenciamos una inhabilidad para que dicho revisor fiscal pueda ejercer el cargo en mención.

Una pareja de colegas se casaron en 1992 , se separan de cuerpos en el 2007 , y en el 2009 se separan por lo civil de común acuerdo y el acto esta protocolizado en escritura pública en la notaria 37 del círculo de Bogotá, hoy en día y después de 11 años (SIC) su relación es de colegas.

En el año 2017 se abrió una convocatoria en una entidad sin ánimo de lucro para Revisor Fiscal, la señora es seleccionada por sus calidades profesionales, estudios y experiencia. Dicha selección se llevó a cabo en Asamblea General Extraordinaria de Asociados virtual. En dicha entidad el ex-esposo es quien hace unos 10 años se desempeña como contador público.

• Mis preguntas son:
  
  1. Los colegas al ejercer sus cargos en la compañía, estarían inmersos en algún tipo de falta de ética profesional.
  
  2. los colegas tendrían algún tipo de de (SIC) impedimento o de inhabilidad o impedimento para ejercer sus cargos.

De manera puntual formula las siguientes preguntas:

PRIMERA: ¿Cuál es el procedimiento a seguir en una liquidación voluntaria de una sociedad ante la imposibilidad de constituir las reservas contempladas en el artículo 245 del Código de Comercio por el agotamiento total de los activos de la sociedad?

SEGUNDA: ¿Es posible dentro de una liquidación voluntaria de una sociedad, el pago de acreencias fiscales, sin constituir la reserva de los procesos judiciales laborales?

TERCERA: ¿Es posible dentro de una liquidación voluntaria de una sociedad, el pago de un porcentaje de acreencias laborales, sin constituir la reserva en el mismo porcentaje de los procesos judiciales laborales?

CUARTA: ¿En un proceso de liquidación voluntaria de una sociedad, una vez pagadas las acreencias reconocidas como laborales, para poder pasar al pago de las acreencias fiscales reconocidas, se deben dejar las reservas de los procesos judiciales laborales o es 4 de 5 posible pagar las acreencias fiscales sin dejar las reservas de los procesos judiciales laborales?

QUINTA: ¿En un proceso de liquidación voluntaria de una sociedad, si existen recursos para pagar las acreencias reconocidas por el liquidador como laborales, fiscales y quinta clase, para poder hacer dichos pagos, se deben dejar las reservas de los procesos judiciales de cada una de las clases antes de pagar la siguiente o es posible pagar los acreencias reconocidas por el liquidador y declarar la imposibilidad de constituir las reservas de los procesos judiciales por el agotamiento de los activos de la sociedad?

De ser afirmativo el interrogante anterior,
¿Cuál es el procedimiento y formalidades que deben agotarse para realizar tal transformación?

“Transformación.- Cualquier sociedad podrán transformarse en sociedad por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios, mediante determinación unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil.

De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas.

Parágrafo.- El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una sociedad por acciones simplificada a otro tipo societario o viceversa “.

Si bien el Congreso de la República cuenta con un amplio margen de configuración legislativo en materia tributaria, en desarrollo del cual puede derogar una exención o modificar los términos de esta, no puede hacerlo de tal manera que se desconozcan las situaciones jurídicas consolidadas a favor de los contribuyentes.

Así lo determinó la Corte Constitucional luego de declarar la exequibilidad condicionada del parágrafo primero del artículo 235-2 del Estatuto Tributario (E. T.) (rentas exentas a partir del 2018), adicionado por la Reforma Tributaria del 2016.

Según el concepto del demandante, la disposición incurrió en una omisión legislativa relativa que es contraria a los preceptos constitucionales, por cuanto no incluyó dentro del régimen de transición a la utilidad en la enajenación de predios destinados a proyectos de renovación urbana que se iniciaron en vigencia del anterior E. T. y no asociados a vivienda de interés social o de interés prioritario.

Ahora bien, para la Sala Plena, de esta norma debe entenderse que “los contribuyentes que previamente a la expedición de la ley hubiesen consolidado las condiciones para acceder al beneficio tributario previsto en el numeral 9º del artículo 207-2 del E. T. podrán aplicar la exención tributaria al momento de la enajenación de los predios, en los términos allí establecidos, a pesar de la derogatoria expresa de esa disposición por el artículo 376 de la Ley 1819 del 2016”.

Se trata de entre 12.000 y 12.500 colombianos cuyo salario de cada año es de unos $1.118 millones.

El mayor pago de impuesto de renta de las personas naturales más adineradas del país sería una de las piedras angulares de la ley de financiamiento que está preparando el Gobierno de Iván Duque.

De hecho, el jefe de Estado aseguró hace unos días que en cálculos preliminares “hemos detectado que hay cerca de 10.000 personas naturales en Colombia que no están tributando lo que deberían (…). Vamos a pedirles que paguen un poco más. Con esa medida podríamos lograr $3 billones de ingreso para bajar la carga a micros, pequeñas y medianas empresas”, indicó en su más reciente taller.

Dichas cuentas, no obstante, no cuadrarían si se toma como base de ingresos de cada persona los $50 millones mensuales, ya que, si se considera esta, cada uno de los contribuyentes tendría que pagar $25 millones, es decir, la mitad de todo su salario.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS - Aplicación de normas tributarias. Vigencia del artículo 250 del Estatuto Tributario

Sobre los efectos de la derogatoria del artículo 250 del E.T. la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia del 3 de agosto de 2006 en la que, entre otras precisiones, recalcó que por mandato de los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, "(…) existe la prohibición de hacer efectiva de manera inmediata la norma reguladora de tributos de periodo y de aplicar retroactivamente los preceptos fiscales (…)" como garantía para los contribuyentes, pero también como reglas de respeto por las situaciones jurídicas consolidadas.

Entonces, aunque la Ley 788 de 2002 retiró del ordenamiento jurídico el artículo 250 del Estatuto Tributario, "(…) no [podía] desconocer los efectos que produjo la norma derogada (…) durante su vigencia (…)", máxime que por tratarse de normativa sobre tributos de periodo, su aplicación solo era posible desde que comenzó el periodo gravable siguiente a su vigencia.

ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA - Casos en los cuales debe darse traslado.

Según el artículo 747 del Estatuto Tributario la manifestación que se hace mediante escrito dirigido a las oficinas de impuestos por el contribuyente, en el cual se informa la existencia de un hecho físicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra éste.

Para desvirtuar lo anterior sólo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por el contribuyente, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de ella.

Frente a la supuesta incompetencia de la funcionaria que hizo la inspección tributaria, es oportuno precisar que el artículo 688 del Estatuto Tributario permite a los jefes de fiscalización comisionar a los funcionarios de su unidad para adelantar las actuaciones preparatorias a los actos de su competencia.

CUENTAS EN PARTICIPACION - No constituye una persona jurídica.
"La participación no constituirá una persona jurídica y por tanto carecerá de nombre, patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán ser establecidas con los libros, correspondencia, testigos o cualquiera otra prueba legal"

El contrato de cuentas en participación se encuentra descrito en los artículos 507 y siguientes del Código de Comercio, como un contrato en virtud del cual dos o más personas comerciantes, toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida.

En este tipo de contratos hay un socio que es el gestor, que se considera único dueño del negocio frente a terceros, mientras que los demás partícipes son ocultos, por lo tanto, los terceros sólo tendrán acción contra el gestor.

En cuanto a la formación del contrato, su objeto, forma y condiciones, la ley no prevé ninguna solemnidad, sólo el acuerdo de voluntades, por ello el artículo 509 ibídem, en cuanto a prueba del contrato estipula:

CUANTIAS PARA NO ESTAR OBLIGADOS A DECLARAR - Se debe hacer una confrontación fáctica entre los ingresos percibidos y el patrimonio poseído con las cuantías establecidas en cada año

Por su parte el artículo 715 y siguientes del Estatuto Tributario prevé las consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con su obligación de declarar una vez la administración tributaria los haya detectado como omisos.

De los artículos 715, 716 y 717 del Estatuto Tributario, se tiene que a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o simplemente declarantes que no cumplan con su deber formal de presentar la declaración respectiva, la administración de impuestos les otorgará un término perentorio de un (1) mes para que cumplan con su obligación, mediante un emplazamiento que según el artículo 565 del mismo Estatuto Tributario deberá ser notificado por correo o personalmente.

También se desprende que este emplazamiento para declarar debe estar precedido de una labor de investigación y verificación que le permita a la administración tener certeza que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante por el respectivo año excedía los topes establecidos para cada grupo de declarantes, de manera que el despliegue fiscalizador tenga el suficiente soporte probatorio para expedirlo, descartando entonces la posibilidad de expedir un emplazamiento basado en meras expectativas o suposiciones sin fundamento fáctico alguno.

La economía naranja sufre como ningún otro sector la existencia del cuatro por mil (4 x 1000); hay una generación completa que no recuerda lo que es sacar dinero de su cuenta sin pagar un impuesto. Presidente Duque, termine usted con 20 años de estupidez.

En noviembre de 1998 se creó el 4 x 1.000, cuando las instituciones de crédito morían a montones. Nació chiquito y temporal “hasta el 31 de diciembre de 1999”, se llamaba el 2 x 1000. Cuando se acabó su tiempo y el 31 de diciembre de 1999 llegó, estábamos más interesado en si el Y2K iba a acabar con el mundo o no. El mundo no se acabó y el impuesto siguió.

El 25 de enero de 1999 a la 1:19 minutos de la tarde, un terremoto casi destruyó Armenia, se necesitaba plata para la reconstrucción y entonces ya no prometimos más temporalidad, creamos a partir del primero (1º) de enero del año 2001, el Gravamen a los Movimientos Financieros, y lo hicimos más grande, el tres por mil (3 x 1.000).

El 29 de diciembre del 2003 lo volvimos 4 x 1.000. Otra vez lo prometimos temporal y otra vez no cumplimos. En el 2006, con solo 8 años se graduó y se hizo inmodificable hasta que en 2010, Juan Manuel Santos en una reforma tributaria prometió acabarlo, en un desmonte gradual que en el 2018 debería dejarnos sin el impuesto. Es el 2018 y seguimos igual.

Le han ofrecido alguno de estos productos en una entidad financiera y no tiene ni idea cuál le conviene más adquirir. Revise cuál puede ser su mejor opción.

Decidir tener una cuenta, no se trata de pensar en si la quiero o no la quiero, porque hoy, el medio y la dinámicas en las que vivimos nos exigen ser partícipes del sistema financiero. Y no estamos exagerando con esto, porque por ejemplo, si usted ingresa a una empresa con un empleo formal, le toca muchas veces abrir una cuenta de nomina para que lo remuneren o de igual forma si usted es independiente, cuando realice un negocio le van a pedir por lo menos una certificación de cuenta para demostrarle un poco de seguridad a su cliente.

• Cuenta de ahorro

La promesa de compraventa de un bien inmueble suscrita antes del 31 de diciembre del 2017 ante notario otorga el beneficio de exclusión del impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5 %, previsto en el parágrafo transitorio del artículo 468-1 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 del 2016, aunque posteriormente se realice la cesión de la misma.

Lo anterior indistintamente de los sujetos que la hayan suscrito, en tanto la ley concedió el beneficio en virtud a que la operación allí prevista se hubiese realizado antes de la fecha descrita.

Vale la pena recordar que dicha exclusión tributaria está dada de manera objetiva en cuanto a la venta de bienes o la prestación de servicios.

Así las cosas, indicó la Dian, la escritura de compraventa de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes, y que cuenten con los soportes correspondientes, estará excluida de IVA.

• Diferencias entre contrato de promesa y contrato prometido

De acuerdo con la Sección Tercera del Consejo de Estado, la promesa es antecedente al contrato prometido, es de carácter preparatorio y cuando versa sobre la compraventa de bienes inmuebles crea, fundamentalmente, una obligación de hacer de carácter bilateral consistente en la celebración de este último, esto es, en el otorgamiento de la respectiva escritura públic

El Código Sustantivo del Trabajo habilitó a los empleadores y trabajadores para pactar por escrito una remuneración integral.

Ello en el entendido de que solo los trabajadores que devengan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) podrían convenir este tipo de salario. En efecto, este emolumento compensa el trabajo ordinario y el valor de las prestaciones, recargos y demás beneficios, excepto vacaciones; y el factor prestacional a favor de estos empleados corresponde, como mínimo, al 30 % de la retribución.

Por lo tanto, los pagos efectuados por este concepto están sujetos a las contribuciones especiales a favor del SENA y el ICBF, pero la liquidación de los aportes correspondientes se disminuye en el 30 % que concierne a las prestaciones sociales.

Dicho de otro modo, los parafiscales a cargo de los empleadores se calculan sobre el 70 % de las compensaciones pagadas a los trabajadores con quienes se haya pactado una remuneración integral.

Cuando los artículos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, sobre deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías e incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción, respectivamente, hacen referencia a la adquisición de vivienda para efectos de retención en la fuente al 7 % al momento del retiro no condicionan la operación a vivienda de interés social.

Así las cosas, indicó la Dian, la expresión “… esto es, adquisición de vivienda de interés social”, contenida en el Concepto 2046 del 2017, es contraria a la regulación mencionada, por lo que el oficio fue revocado.

Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1537 del 2012, es válido recordar que no les es permitido a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de interés social ni prioritario dar en venta las viviendas asignadas en calidad de subsidio en especie durante el término de 10 años.

También será restituible el subsidio si se comprueba falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación. En este caso, se abrirá investigación por fraude en subvenciones.

El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema de seguridad social por cualquier causa, así no actúe de manera negligente, tiene a su cargo el pago de las obligaciones pensionales frente a aquellos periodos, porque en esos momentos estaban bajo su responsabilidad.

En efecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema precisó recientemente que el tiempo de servicios sin cotizar por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales (ISS) no puede ser desconocido, al punto que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto del trabajador, que se traduce en el pago de un título pensional.

Ello quiere decir que el empleador debe responder al ISS por el pago de los tiempos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues solo en ese evento puede considerarse liberado de la carga que le correspondía.

Así mismo, se ha dicho que el pago del cálculo actuarial a cargo del empleador se justifica porque sería inequitativo e injusto que por la falta de esos aportes se genere un perjuicio al trabajador y se afecte su expectativa pensional.

Para realizar reformas en las fachadas es necesario tener en cuenta lo previsto en el artículo 45 de la Ley 675 del 2001.

Los bienes comunes esenciales son aquellos indispensables para usar y disfrutar los bienes privados, contemplados dentro de este tipo están el terreno en el que existan construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, la estructura, circulaciones de acceso a bienes privados, fachadas y los techos o losas que funcionen como cubiertas a cualquier nivel, indicó recientemente el Ministerio de Vivienda.

En ese sentido, la asamblea general de propietarios puede sesionar con un número de propietarios que represente la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad y las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes representados en la sesión. Las mayorías superiores previstas en los reglamentos se tendrán por no escritas y las decisiones serán nulas.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el artículo 82 de la Constitución contempló la participación de las entidades públicas en la plusvalía que generen las acciones urbanísticas, precepto que se desarrolló a través de la Ley 388 de 1997, que reguló dicha participación y los elementos de esa obligación tributaria.

Así, la participación en plusvalía es el tributo que pueden cobrar los municipios o distritos a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción, como consecuencia de una actuación administrativa consistente en una acción urbanística relacionada con:

- La incorporación del suelo rural al de expansión urbana.
- La clasificación de parte del suelo rural como urbano.
- El cambio del uso o mayor aprovechamiento del suelo.

Esto, a su vez, determina la base gravable y la tarifa puede estar entre el 30 % y el 50 % del valor por metro cuadrado.

Las empresas de servicios temporales (EST) son aquellas que suministran mano de obra con el fin de ponerla a disposición de una tercera persona, natural o jurídica (empresa usuaria), que determina sus tareas y supervisa su ejecución.

De esta forma, los empleados en misión son considerados como trabajadores de la empresa de servicio temporal, pero por delegación de esta quien ejerce la subordinación material es la usuaria.

Por otro lado, la providencia indicó que el servicio a cargo de las EST solo puede ser prestado para:

- La ejecución de las labores ocasionales, transitorias o accidentales de las que trata el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo

- Para remplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad

- Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los perodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios por un término de meses prorrogables hasta por un periodo igual.

Igualmente, enfatizó que las EST tienen a su cargo la prestación de servicios transitorios en la empresa cliente, en actividades propias o ajenas al giro habitual de la misma por tiempo limitado.

En promedio, los trámites para liquidar compañías en la entidad se realizan entre 12 y 14 meses.

La Superintendencia de Sociedades viene implementando medidas para agilizar los procesos de liquidación judicial de compañías que ingresan a la ley de insolvencia por crisis y cesación de pagos.

Actualmente, en promedio estos trámites se surten en periodos que van de 12 a 14 meses, de acuerdo con los registros de la Delegatura para los Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, entre enero y agosto de 2018 se logró el cierre de liquidación en cerca del 80 por ciento de los casos.

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, destacó que “el objetivo principal de estos procesos es impartir una justicia concursal ágil y eficaz, de modo que se pueda efectuar el pago de las acreencias lo más rápido posible. En tanto más rápido se logre liquidar una sociedad que ingresa en las causales de insolvencia, menores serán los perjuicios”.

Este promedio es significativamente inferior a lo que podría tardar una liquidación a través de la justicia ordinaria, si se tiene en cuenta el alto volumen de casos de diversa índole que se tramitan ante los juzgados.

Si la información contable ha desaparecido o se encuentra incompleta, deberá reconstruirse con los documentos soportes con que cuenta la compañía, o con copia de los mismos que reposen en poder de terceros.

En tal copia, se debe dejar constancia de tal circunstancia, indicando el motivo de la reposición.

Los nuevos marcos normativos contenidos en el decreto único reglamentario 2420 de 2015, no contienen referencia a la perdida y la reconstrucción de los libros de contabilidad, por tanto, se aplicaran las disposiciones contenidas en el artículo 135 del decreto 2649 de 1993, acerca de la perdida y reconstrucción de los libros de contabilidad.

En el caso de encargos de auditoria, es de interés público que los miembros de los equipos de auditoria, las firmas y las firmas de la red sean independientes de los clientes de auditoria.

¿Cómo y cuál sería la evidencia para demostrar como revisor fiscal persona natural la independencia, cuando se tiene vinculación con el cliente por contrato laboral, teniendo en cuenta que la vinculación legalmente presume una subordinación directa?

El pago de honorarios y las condiciones de la prestación del servicio, se deben ajustar a los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios suscrito entre la firma de contadores y la persona jurídica.

Cualquier incumplimiento en dichas condiciones deberá ser regulado de acuerdo con la cláusula de incumplimiento relacionando en el contrato, por las vías legales que se requieran para el reconocimiento del derecho.

Quisiera elevar una solicitud y asesoramiento respecto a los alcances del Revisor Fiscal.

Todas las actuaciones del revisor fiscal deben estar alineadas con las funciones establecidas en la ley (Véase artículo 2017 del Código de Comercio), a fin de evitar que se materialice una coadministración por parte de este profesional, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para la profesión de la contaduría publica.

Consulta sobre el trámite de nombramiento de liquidador, en un proceso de liquidación voluntaria.

DETERMINACIÓN DE LA CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD. Cuando la disolución requiera de declaración por parte de la asamblea general de accionistas o de la junta de socios, los asociados, por la mayoría establecida en los estatutos o en la ley, deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva e inscribirán el acta en el registro mercantil.

Los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de la causal.

Las entidades operadoras de libranza deben realizar ante la cámara de comercio “las anotaciones electrónicas de su inscripción, actualización, renovación o cancelación.

La libranza o descuento directo es “la autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza”.

Y la sociedad operadora es la persona jurídica “que realiza operaciones de libranza o descuento directo”, en cuyo objeto social debe indicarse la realización de operaciones de esta naturaleza, tiene la obligación de inscribirse en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas llevado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “con el fin exclusivo de permitir el acceso a cualquier persona que desee constatar el registro de entidades operadoras”, y está sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

En el evento que la compañía resuelva generar nuevos títulos anulando los iniciales, deberá registrar en el folio de cada accionista contenido en el libro de registro de acciones de la sociedad, en primer lugar la anulación y la razón de su cancelación, y posteriormente la expedición del nuevo título

PREGUNTAS

1. Procedimiento Contable y Jurídico para anular acciones tales como: emitidas a fallecidos, emitidas a accionistas sin identificación, emitidas a más de un accionista con la identificación de uno solo; diligenciadas sin fecha o con una firma ya que deberían tener 2 firmas; con diferencia en número y letras, acciones vendidas y reexpedidas con el mismo número de título, emitidas con nombre diferente a la identificación, accionistas retirados de la ' administración con más de 10. Años cuyas acciones se encuentran prescritas.

2. Se aprobó la venta de Bienes Raíces, Estados Financieros a Diciembre 31 de cada año y otros hechos económicos en Asamblea Ordinaria de Accionistas - Segunda Convocatoria• con menos del cuarenta por ciento (40%) de asistencia; les agradezco su opinión jurídica,, ya que los estatutos expresan el 70% de las acciones.

3. Hay una inversión del 50% en un bien raíz en una Limitada que está embargada por una entidad pública desde hace más de cinco (05) años sin' que se vislumbre una solución inmediata. Al liquidarse quedaría una contingencia a nombre de todos los accionistas, por lo que les agradecemos dónde debemos depositar los saldos a favor de accionistas que no logremos ubicar.

4. El número de accionistas registrados en la Cámara de Comercio es inferior a los que indican las acciones actuales que con o sin ajustes habrían que actualizarse a la realidad.

Solicita un pronunciamiento en torno a si la naturaleza tributaria de la adquisición de acciones propias es la de pago de dividendos, cuando se realiza a todos los accionistas con la proporción que se indica en el inciso 1° del artículo 150 del Código de Comercio.

A continuación se transcriben las normas objeto de análisis:

“ARTÍCULO 396. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA. La sociedad anónima no podrá adquirir sus propias acciones, sino por decisión de la asamblea con voto favorable de no menos del setenta por ciento de las acciones suscritas.

Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose, además, que dichas acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

La enajenación de las acciones readquiridas se hará en la forma indicada para la colocación de acciones en reserva.”

¿Quién es responsable de la facturación electrónica en las operaciones de venta de bienes y servicios que se realizan a través de contrato de mandato?

En concordancia con la normatividad vigente, que para los obligados a facturar electrónicamente que realicen operaciones bajo la figura del mandato, las facturas deberán ser expedidas en todos los casos de manera electrónica, por el mandatario, atendiendo la responsabilidad fiscal establecida para el mandante; en otras palabras, siempre que el mandante haya sido seleccionado por la Dian para facturar electrónicamente, el mandatario deberá implementar el sistema de facturación electrónica para cumplir con la obligación fiscal.

Para tal efecto el mandatario deberá surtir el procedimiento de habilitación respectivo y cumplir las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1625.

Las organizaciones sindicales pueden definir libremente, entre otras cosas, sus actividades y su programa de acción, comprendiendo el ejercicio de la huelga.

En nuestro ordenamiento jurídico la huelga está reconocida expresamente como un derecho de los trabajadores y es un resultado esencial de la libertad sindical y de la negociación colectiva, cuya regulación corresponde preferente y de forma restrictiva al legislador, es decir, sin afectar su núcleo esencial, así lo sustentó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Con todo, agregó que este derecho constitucional solo puede ser restringido por el legislador cuando define los servicios públicos esenciales, conforme el artículo 56 de la Constitución Política.